Casal dijo que es constitucional que la Justicia vigile las penas que dicta


La Capital de Mar del Plata
Conflicto de poderes por quién controla a los liberados.

LA PLATA (Corresponsalía)- El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, consideró ayer que ?es constitucional? que los jueces de Ejecución Penal controlen la pena que dictan, señaló que ?de hecho? ya lo hacen y aseguró que ?de algún modo vamos a resolver el conflicto que se ha planteado (con la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires) en la aplicabilidad de la creación de las Secretarías de Ejecución?.

?Le buscaremos la vuelta porque siempre se ha controlado, por lo tanto esta cuestión de conflicto que se ha planteado en la aplicabilidad de la ley del artículo 4° y concordantes, que son las Secretarías de Ejecución, de algún modo lo vamos a resolver?, dijo Casal ayer tras su visita a la Cámara de Diputados para revisar las acciones de su cartera durante el año y el presupuesto 2012.

?Lo importante -sostuvo el ministro- es que tenemos que pensar en que el régimen de alternativa de prisión es un régimen que debe sostenerse y crecer porque en función de los estudios criminológicos que existen en la provincia hay un sin número de personas que están en condiciones de tener un régimen alternativo a la prisión?.

El conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Corte bonaerense se puso en evidencia luego de que el Senado provincial manifestara su discrepancia con la acordada de los jueces de la Suprema Corte, en apoyo al proyecto oficial que el titular del área Justicia y Seguridad envió en diciembre del año pasado.

La ley sancionada crea las Secretarías de Control a cargo de los jueces de Ejecución Penal y les traslada la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las penas y la conducta a aquellas personas con condena condicional y suspensión de juicio a prueba. Pero la Suprema Corte declaró ?inválida? las medidas por inconstitucional, argumentando que la transferencia de competencias ?afectaría potencialmente a la imparcialidad del Poder Judicial? que tendría que dictar la pena y luego controlar el cumplimiento.

Ayer Casal sostuvo a LA CAPITAL que ?el hecho de que una Secretaría de Ejecución controle el régimen disciplinario interno es facilitación de la ejecución de la pena porque esto despeja cualquier arbitrariedad?. En defensa de la medida, el ministro explicó beneficiara a aquellas personas que mantengan una conducta ejemplar pero tengan algún problema personal con algún funcionario oficial que puede quitarle la posibilidad de ascenso para la revisión de pena.

?Alguna persona que esté con una conducta ejemplar y que esté trabajando y estudiando, por cualquier cuestión personal con algún funcionario pueda ser degradado en su condición de ascenso para la revisión de pena y la revisión por parte de la Justicia facilita sin duda el tratamiento penitenciario.

La creación de las Secretarías en los Juzgados de Ejecución, junto con otras medidas incluidas en la reforma, es un intento del Ministerio de Justicia y Seguridad por descomprimir las tareas de las trabajadoras y los trabajadores sociales del Patronato de Liberados.

Los representantes gremiales del área reclaman desde hace tres años desligarse de las tareas de control, que según ellos le corresponde al Servicio Penitenciario Bonaerense, y denuncian que están colapsados en sus tareas por falta de personal y presupuesto en los planes de reinserción.

La reforma a la Ley de Ejecución incluye también esta separación de las tareas de control con las de asistencia que tienen que cumplir los agentes sociales del Patronato a través de la creación de un área específica con 300 cargos nuevos para controlar a los tutelados que salen de las cárceles. En teoría, de esta manera los 13.050 empleados actuales del Patronato podrán optar por realizar las tareas de vigilancia o mantener las funciones de asistencia y ayuda a la reinserción.

Los imputados deberán probar su buena conducta

Fuentes del Gobierno provincial explicaron ayer que el espíritu de la reforma a la Ley de Ejecución Penal que produjo el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Justicia provincial por la responsabilidad de controlar a las personas con suspensión de juicio a prueba o con condenas condicionales intenta que las secretarías de Control sean las encargadas de recepcionar formalmente los informes que prueban la conducta de los imputados.

Para aplicar estos cambios la Justicia recibiría 26 cargos nuevos de secretarios, uno en cada Juzgado de Ejecución Penal, para recibir y ordenar las pruebas y los expedientes de cada tutelado. De esta manera, las fuentes aseguraron que la reforma no contempla la necesidad de incorporar un cuerpo de vigilantes, que reemplace la tarea de los trabajadores del Patronato de Liberados, para el Poder Judicial. ?No se le pide a la Justicia que salga a la calle, sino que esos papeles que entran lo hagan organizadamente a través de una Secretaría?, aclararon a LA CAPITAL.

Al mismo tiempo, indicaron las mismas fuentes, se pretende regular una ?discusión de roles? entre el juez, el fiscal y el defensor. Ante la ausencia de normas explícitas, la idea del Gobierno es que sea el imputado el que, por ejemplo, tenga que presentar el comprobante de que fue al psicólogo y cumplió las tareas impuestas en la sentencia.

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