EL PATAGONICO COMODORO RIVADAVIA Quedará a criterio de los remiseros instalar dispositivos de seguridad


El plenario de concejales recibió ayer a los referentes de las 22 agencias de remises de Comodoro Rivadavia. Fue para analizar, por espacio de casi dos horas, diferentes herramientas que en materia de seguridad podrían incorporarse a la flota dedicada al servicio. Se determinó en ese contexto que la instalación de botones antipánico o mampara divisoria, será decisión de los licenciatarios. El Concejo Deliberante sólo tiene potestad para autorizar a hacerlo, no para demandar su obligatoriedad.
Del encuentro entre concejales y remiseros también participó el secretario municipal de Gobierno, Ricardo Gaitán, acompañado del subsecretario de Control Operativo, Ricardo Murcia, quienes concurrieron a solicitud de los ediles por tratarse de las autoridades a cargo del área desde el Poder Ejecutivo.
Al término del encuentro, planificado a priori como una reunión de la comisión parlamentaria de tránsito y transporte, pero devenida luego en plenario dada la convocatoria e interés del tema a tratar, fue Gaitán quien brindó los detalles a la prensa.
El funcionario consideró que se trató de un encuentro muy positivo y que en ese marco se planteó cuál es el grado de responsabilidad de las agencias en el tema de seguridad y el replanteo de determinadas actitudes que se toman desde el sector.
“Fundamentalmente, y a partir del reconocimiento de cada agencia de que también tienen que involucrarse en el tema de la seguridad, permitirá la elaboración de una ordenanza donde se permitirá la utilización del botón antipánico o la mampara divisoria entre el chofer y el pasajero, y la colocación de un sistema de control para uso interno de las agencias”, abrevió Gaitán para introducir las primeras conclusiones arribadas.
Según expresó, el proyecto de ordenanza en cuestión deja abierta la posibilidad de que cada licenciatario disponga cuál de las herramientas instalará en la unidad. E indicó que al hablar de las responsabilidades asumidas desde cada sector se refería justamente al que más allá de los controles que implementa el Ejecutivo, los remiseros admitieron que levantan pasajeros en las calles y no sólo en las agencias o domicilios.
También puntualizó que los costos de adquisición e instalación de cada mecanismo corre por cuenta de cada propietario de vehículo con licencia. En este punto, cabe recordar que tras el asesinato de su compañero Oscar Ibarrola Yáñez, los remiseros reclamaron la instalación de estos dispositivos de seguridad como punto obligatorio.
Lo mismo había sucedido en abril de 2008 con los taxistas, cuando luego de sendos hechos de violencia se movilizaron con un petitorio de siete puntos que demandaba la obligatoriedad e instalación de sistema satelital GPS en toda la flota.

DEJA VU
En el caso de los taxistas llegó a abrirse un registro del que participaron varias empresas, se llegó al punto de la homologación después de varias demostraciones, y cuando el Ejecutivo acordó con una firma la adquisición del equipamiento, los taxistas paradójicamente se opusieron a su instalación.
Entonces, la ordenanza que determinaba la obligatoriedad de instalación a pedido expreso del sector sufrió varias prórrogas, para ser derogada tres años después de su sanción.
En el caso de los remiseros, el pedido parece seguir el mismo derrotero. Es que ahora, a algunos días de ese pedido de “obligatoriedad”, el cuerpo legislativo decidió que la instalación de los dispositivos será a criterio de los propietarios de los vehículos. En este punto, el concejal José Gaspar (UCR) dijo que lo que sucede es que se trata de un sistema de transporte privado, por lo que la única incidencia del Estado es sobre cómo se debe prestar el servicio.
En tal caso, el Concejo solo puede autorizar a que los propietarios de las licencias pongan el sistema que más les convenga y consideren razonable para proteger la vida de su chofer.
“Desde el Concejo no podemos obligar a poner absolutamente nada. Si alguien cree que su vida no vale nada, que no ponga nada. Si alguien cree que su vida vale algo, quizás $2.000, que los ponga” afirmó.
Añadió que el Estado tiene una sola responsabilidad: la seguridad en la ciudad, pero que en lo que a los vehículos atañe, es equiparable un comercio o vivienda, donde es criterio de su propietario si instala o no rejas o alarmas.
“Lo que podemos hacer es autorizarlos, para que no se los sancione si colocan algún sistema que como no forma parte de la ordenanza son pasibles de sanción” culminó.

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=ARG&pagina=http://www.elpatagonico.net

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